“La última vez que salimos a la montaña, recuerdo a los aviones que pasaban diciendo ‘¡gente entréguese! ¡Ya va a venir la paz! ¡Tenemos comida!’ No aguantábamos el hambre, no teníamos casa, todo lo habían destruido. Estábamos desesperados y mi mamá decidió entregarse al destacamento… En vez de recibirnos bien, nos hicieron daño”, cuenta Elena de Paz, sobreviviente del conflicto armado interno en Guatemala y de violación sexual por parte de soldados. Era 1982, tenía 12 años y su madre murió producto de las agresiones.
Elena es una de las 97 testigos que presentaron su declaración ante un tribunal en el juicio por genocidio y delitos contra la humanidad en 2013. El Programa de Acompañamiento a la Justicia de Transición (PAJUST) del PNUD apoyó el primer caso de genocidio juzgado por tribunales nacionales. Este incluyó el acompañamiento a 10 mujeres del pueblo Maya Ixil, entre ellas Elena, cuyos relatos de violencia sexual fueron escuchados por primera vez en la historia del país en un juicio oral.
Aspectos destacados
El conflicto armado interno dejó un saldo de más de 200.000 víctimas y más de 45.000 "desaparecidos". Entre ellos, alrededor de 5.000 niños.
Según el Informe de Esclarecimiento Histórico, 93% de las atrocidades fueron perpetradas por el ejército.
Más de 16 millones de documentos de los archivos de la ex Policía Nacional son accesibles al público.
Un Banco Genético que cumple con estándares internacionales permite la identificación de casi 2.000 víctimas.
Un promedio de 20.000 familiares de víctimas han recibido anualmente apoyo legal y psicosocial en el proceso de búsqueda de los restos de sus seres queridos.
PAJUST, financiado por USAID, Países Bajos, Dinamarca y Suecia, apoya el desarrollo de capacidades del Estado y la sociedad civil para el ejercicio integral de los derechos a la verdad, justicia y reparación a víctimas y promueve medidas para la no-repetición de estas violaciones a los derechos humanos.
El PNUD brinda asistencia técnica y financiamiento a organizaciones de la sociedad civil, quienes proporcionaron asistencia jurídica y psicosocial a las víctimas y testigos. Además, ofrece asistencia técnica a fiscales y jueces a través de la contratación de expertos especializados, quienes implementaron cursos de capacitación sobre normas internacionales y facilitaron la coordinación entre fiscales, organizaciones de la sociedad civil, antropólogos forenses, agencias de la ONU como OACNUDH y ONUMUJERES, y otras organizaciones internacionales.
El conflicto en Guatemala se llevó a cabo entre 1960 y 1996. Los Acuerdos de Paz suscritos entre las partes -Gobierno y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)-, con el auspicio de la ONU, contemplaron la necesidad de esclarecer las violaciones a los derechos humanos vinculados con el conflicto.
Según el Informe de Esclarecimiento Histórico, 93% de las atrocidades fueron perpetradas por el ejército. Con el apoyo de PNUD, más de 16 millones de documentos del Archivo Histórico de la Policía Nacional ahora son accesibles al público y las instituciones de justicia. Además, un Banco Genético, que cumple con estándares internacionales, permite la identificación de casi 2.000 víctimas para que sus restos sean devueltos a sus familiares; y un promedio de 20.000 familiares de víctimas han recibido apoyo legal y psicosocial en el proceso de búsqueda de los restos de sus seres queridos.
Según la Coordinadora de PAJUST, Lucy Turner, “La articulación de esfuerzos entre organizaciones de la sociedad civil y entidades del Estado puede dar resultados muy positivos en favor de los derechos de las víctimas. PAJUST; apoya la labor de organizaciones de la sociedad civil que brindan asesoría legal y psicosocial a víctimas en procesos penales, de forma complementaria al fortalecimiento de las capacidades de las instituciones del sistema de justicia“.
Elena fue parte de este proceso de fortalecimiento y empoderamiento de sus derechos. Gracias a su testimonio fue reconocida por su valentía y representó a muchas mujeres, abriéndoles el camino para el acceso a la justicia. “Conocer a otras mujeres que atravesaron por lo mismo me dio más fuerza y valentía, pues no lo viví sola”, dice. “Al testificar, me sentí contenta y a la vez triste, ya que recordé lo que le pasó a mi mamá”, agrega.
Elena tiene 43 años. Treinta y un años después de ver a su familia y comunidad destruidas, contó su historia. “Es importante que haya justicia porque no quiero que mis hijos pasen por esto, que no vuelva a suceder otra vez.”. Haga clic aquí para leer más.
“La última vez que salimos a la montaña, recuerdo a los aviones que pasaban diciendo ‘¡gente entréguese! ¡Ya va a venir la paz! ¡Tenemos comida!’ No aguantábamos el hambre, no teníamos casa, todo lo habían destruido. Estábamos desesperados y mi mamá decidió entregarse al destacamento… En vez de recibirnos bien, nos hicieron daño”, cuenta Elena de Paz, sobreviviente del conflicto armado interno en Guatemala y de violación sexual por parte de soldados. Era 1982, tenía 12 años y su madre murió producto de las agresiones.
Elena es una de las 97 testigos que presentaron su declaración ante un tribunal en el juicio por genocidio y delitos contra la humanidad en 2013. El Programa de Acompañamiento a la Justicia de Transición (PAJUST) del PNUD apoyó el primer caso de genocidio juzgado por tribunales nacionales. Este incluyó el acompañamiento a 10 mujeres del pueblo Maya Ixil, entre ellas Elena, cuyos relatos de violencia sexual fueron escuchados por primera vez en la historia del país en un juicio oral.
Aspectos destacados
El conflicto armado interno dejó un saldo de más de 200.000 víctimas y más de 45.000 "desaparecidos". Entre ellos, alrededor de 5.000 niños.
Según el Informe de Esclarecimiento Histórico, 93% de las atrocidades fueron perpetradas por el ejército.
Más de 16 millones de documentos de los archivos de la ex Policía Nacional son accesibles al público.
Un Banco Genético que cumple con estándares internacionales permite la identificación de casi 2.000 víctimas.
Un promedio de 20.000 familiares de víctimas han recibido anualmente apoyo legal y psicosocial en el proceso de búsqueda de los restos de sus seres queridos.
PAJUST, financiado por USAID, Países Bajos, Dinamarca y Suecia, apoya el desarrollo de capacidades del Estado y la sociedad civil para el ejercicio integral de los derechos a la verdad, justicia y reparación a víctimas y promueve medidas para la no-repetición de estas violaciones a los derechos humanos.
El PNUD brinda asistencia técnica y financiamiento a organizaciones de la sociedad civil, quienes proporcionaron asistencia jurídica y psicosocial a las víctimas y testigos. Además, ofrece asistencia técnica a fiscales y jueces a través de la contratación de expertos especializados, quienes implementaron cursos de capacitación sobre normas internacionales y facilitaron la coordinación entre fiscales, organizaciones de la sociedad civil, antropólogos forenses, agencias de la ONU como OACNUDH y ONUMUJERES, y otras organizaciones internacionales.
El conflicto en Guatemala se llevó a cabo entre 1960 y 1996. Los Acuerdos de Paz suscritos entre las partes -Gobierno y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)-, con el auspicio de la ONU, contemplaron la necesidad de esclarecer las violaciones a los derechos humanos vinculados con el conflicto.
Según el Informe de Esclarecimiento Histórico, 93% de las atrocidades fueron perpetradas por el ejército. Con el apoyo de PNUD, más de 16 millones de documentos del Archivo Histórico de la Policía Nacional ahora son accesibles al público y las instituciones de justicia. Además, un Banco Genético, que cumple con estándares internacionales, permite la identificación de casi 2.000 víctimas para que sus restos sean devueltos a sus familiares; y un promedio de 20.000 familiares de víctimas han recibido apoyo legal y psicosocial en el proceso de búsqueda de los restos de sus seres queridos.
Según la Coordinadora de PAJUST, Lucy Turner, “La articulación de esfuerzos entre organizaciones de la sociedad civil y entidades del Estado puede dar resultados muy positivos en favor de los derechos de las víctimas. PAJUST; apoya la labor de organizaciones de la sociedad civil que brindan asesoría legal y psicosocial a víctimas en procesos penales, de forma complementaria al fortalecimiento de las capacidades de las instituciones del sistema de justicia“.
Elena fue parte de este proceso de fortalecimiento y empoderamiento de sus derechos. Gracias a su testimonio fue reconocida por su valentía y representó a muchas mujeres, abriéndoles el camino para el acceso a la justicia. “Conocer a otras mujeres que atravesaron por lo mismo me dio más fuerza y valentía, pues no lo viví sola”, dice. “Al testificar, me sentí contenta y a la vez triste, ya que recordé lo que le pasó a mi mamá”, agrega.
Elena tiene 43 años. Treinta y un años después de ver a su familia y comunidad destruidas, contó su historia. “Es importante que haya justicia porque no quiero que mis hijos pasen por esto, que no vuelva a suceder otra vez.”. Haga clic aquí para leer más.